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Vivir más años y mejor exige un sistema de Seguridad Social
propio para Euskal Herria
La negación sistemática del conocimiento de la propia realidad
de nuestro pueblo en su conjunto, así como la incapacidad
de implementar mecanismos que solucionen este déficit se constituye
como una clara vulneración del derecho de sus diferentes
colectivos a conocer la realidad en la que viven.
Teniendo presente estas limitaciones, podemos realizar una
aproximación a la situación del envejecimiento en Euskal Herria
y a los sistemas de pensiones.
El número total de pensionistas, en sus diferentes modalidades,
en Euskal Herria asciende a 655.746; el 21,65% de la población
total recibe algún tipo de prestación económica en concepto
de pensión. No hay grandes diferencias entre los territorios
respecto al porcentaje que suponen las personas pensionistas
respecto al total, ya que todos se sitúan en torno al 20%. La
cuantía de la pensión media mensual asciende a 876,24€.
que se hace desde Euskal Herria
de un sistema propio de
Seguridad Social, desde las
corrientes ideológicas antisoberanistas
vascas se repite
constantemente que “un sistema
vasco propio de Seguridad
Social y de pensiones es inviable”.
Y se argumenta que el sistema de pensiones
en la CAV (en Araba, Bizkaia, y Gipuzkoa)
no es viable porque la diferencia entre
la recaudación y el gasto presentea un déficit que ronda el 8%.
El gasto se refiere a los pagos en las pensiones, bajas por enfermedad,
prestaciones por maternidad/riesgo durante el embarazo
y ayudas familiares. No se habla de las partidas con superávits,
como son el sistema de desempleo y el Fondo de Garantía
Salarial (Fogasa), que también es excedentario.
Tampoco se analiza
el modo en que está repercutiendo
en el “desajuste”
la utilización de
gasto de la Seguridad Social
en las jubilaciones
parciales por contrato
relevo para sustituir los
actuales empleos por
otros con sueldos mucho
más bajos. Lo que produce
una salida de cotizantes
con salarios mayores
de los que empiezan a cotizar, todo ello en beneficio de mayores
plusvalías privadas.
Según los datos facilitados por INSS, en Hegoalde esta es la
relación ingresos y gastos de las pensiones contributivas.
Como puede observarse, la variación de los ingresos entre
2001 y 2007 es de un incremento del 37,68%, mientras que la variación
en los gastos es de un 52,41%.
Sin embargo la relación entre gastos e ingresos aún es positiva
para Hegoalde. En definitiva, para los últimos seis años, el balance
entre los ingresos por cotizaciones que se aportan desde Hegoalde
y los gastos por pensiones contributivas de las personas pensionistas
de los cuatro territorios vascos resulta positivo, a pesar de
que la tendencia marca una progresiva minimización de esta diferencia.
Esta tendencia del aumento de los costos es debida al envejecimiento de la población
y a la mayor
cuantía de las prestaciones
cobradas en estos territorios.
Esta tendencia es el
argumento básico de
quienes defienden la inviabilidad de un sistema propio. Pero también
es cierto que esta oposición constante contra la demanda de
una Seguridad Social propia para Euskal Herria se ha venido repitiendo
en otras fases de nuestra historia. Antes, la conclusión era
la misma, pero por razones diferentes. Cuando las cuentas eran
claramente positivas, entonces, reivindicar una Seguridad Social
propia era tildado de insolidario. Y ahora cuando se reivindica un
sistema propio, se lo califica de inviable económicamente.
El diseño de un sistema propio de Seguridad Social debe tener
en cuenta los ingresos de períodos anteriores y las diferentes
fuentes de ingresos futuras. Pero, especialmente, debe tener en
consideración los mecanismos de redistribución de la riqueza. En
Euskal Herria hay 303.950 personas pensionistas que viven en situaciones
de pobreza grave (94.781 personas) o relativa (209.169
personas). Teniendo en cuenta que el total de personas pensionistas
es de 655.746, podemos afirmar que casi la mitad de estas
personas viven en situación de pobreza.
Respecto a Iparralde, no es posible cuantificar el total de las
personas que sufren esta situación, pero podríamos decir que todas
aquellas personas que cobran pensiones no contributivas o el
llamado ASPA, así como las mujeres que cobran pensiones contributivas
iguales o inferiores a la media (ya que existen grandes
diferencias entre hombres y mujeres), viven en situación de pobreza.
Un sistema propio de Seguridad Social tiene que partir de esa
situación, y poder funcionar como sistema de redistribución de
rentas, con participación de los presupuestos públicos. Diseñar
un sistema propio de seguridad social tiene que ayudar a pensar
una nueva función redistributiva para un sistema público de los
seguros sociales. El actual da una cobertura económica básica
muy importante a un gran número de personas, pero no es eficaz
repartiendo la riqueza. De hecho, hay un gran porcentaje de personas
pensionistas que sufren diferentes niveles de pobreza.
Como ya se ha citado, más de la mitad de las personas pensionistas
de Hegoalde viven por debajo del umbral de la pobreza.
En este sentido, de nuevo, son las mujeres quienes sufren los
mayores niveles de precariedad, ya que tanto las pensiones no
contributivas, como las de viudedad, así como las de empleadas
de hogar son las más bajas y peor remuneradas. En este importante
colectivo de población de Euskal Herria se refleja con toda
su crudeza la desigualdad de género; entre las mujeres se viven
mayores situaciones de pobreza, soledad y precariedad, tanto de
condiciones económicas como en las referidas a la salud, las relaciones
sociales y el trabajo. Las mujeres son más pobres, trabajan
más, y están más solas y desatendidas.
En toda Euskal Herria las mujeres pensionistas perciben menos
ingresos que los hombres. En Hegoalde el perfil del pensionista
no contributivo es el de mujer (65%), sin pareja (más de la
mitad), de edades comprendidas entre los 70 y los 79 años (52%).
Además, el 91% de los titulares de este tipo de pensiones, son mujeres
mayores de 85 años. Los importes de estas pensiones rondan
los 300 euros. Existe un importante colectivo de mujeres mayores
de 70 años que viven solas y que carecen de las condiciones
económicas necesarias para proporcionarse una vida digna.
Existe también un grupo creciente llamado “la cuarta edad”,
con necesidades específicas. Son personas mayores de 85 años,
que muchas veces viven solas, cuyas relaciones sociales son escasas
y que encuentran muchas dificultades para desenvolverse tanto
en su vivienda como en su entorno. Los ámbitos urbanos se vuelven
aún más hostiles y difíciles para estas personas, cuyas viviendas
y barrios no están adaptadas a sus problemas de movilidad.
Aunque se está incrementando la oferta pública y privada
de servicios sociales para este segmento de la población, aún
resulta claramente insuficiente para lograr la cobertura de las
necesidades actuales de la demanda potencial. Gran parte de
las necesidades presentes se están cubriendo por medio del apoyo
informal (familiar fundamentalmente), pero esta dedicación de las familias también
tiene unos costes sociales
que repercuten, fundamentalmente,
sobre
las mujeres. La Administración
debe tomar
la iniciativa en la creación
de recursos para
satisfacer las necesidades
actuales y futuras
de las personas mayores,
y no mantener su
actual política de intervención
subsidiaria para
cuando la familia no
pueda responder o no se
disponga de la suficiente
solvencia económica.
Detrás de la oposición
a que el Pueblo
Vasco pueda tener una
institución propia de intersolidaridad
social, se
encuentra la importancia
financiera y social
que tiene el control del
aparato de la Seguridad
Social. Es importante
desde el punto de vista
financiero, pero también lo es desde el punto de vista del control
político. Aún hoy una parte importante de la ciudadanía vive
estas prestaciones como una dádiva y no como un derecho.
Entre el colectivo de las personas mayores existe una gran
reticencia a expresar opiniones políticas o a situarse respecto a
posiciones ideológicas. Esto, obviamente, no supone que estas
personas no tengan opinión conformada y sus propias ideas políticas,
pero por experiencia vital -para la población mayor de
Hegoalde la mayor parte de su vida ha transcurrido durante el
franquismo- se muestran recelosas y demasiadas no tienen plenamente
asumida su condición de ciudadanía de pleno derecho.
No debemos olvidar que este colectivo representa casi un 20%
de la población de EH y que su comportamiento electoral es determinante,
por lo que son objeto (por parte de los partidos que
detentan el control de la administración) de una política del palo
y zanahoria, en la que se les promete y mima en las declaraciones
públicas, al tiempo que se les amenaza con el recorte de las
prestaciones que reciben. Así, no es de extrañar que casi el 40%
de este colectivo (en Hegoalde) declara no confiar en ninguna
administración (ni central ni autonómica). Pero es reseñable que
el 62% se muestra favorable a la creación de un sistema de Seguridad
Social para los cuatro herrialdes.
La reivindicación de un sistema propio de Seguridad Social
se da también en un clima de amenaza de insuficiencia del sistema
público y la necesidad de completarlo con los sistemas privados
de pensiones. Es
significativo, que una
supuesta inviabilidad o
insostenibilidad del sistema
de la Seguridad
Social se intente utilizar
en una interesada reconversión
antisolidaria
del sistema de prestaciones
y seguros. Se
quiere que la solución a
la insostenibilidad pase
por la inversión - ahorro
en los fondos privados
de pensiones, ello produce
una mayor descapitalización
del sistema
público de pensiones y
refuerza las dinámicas
especulativas del sistema
financiero con los
recursos propios de la
clase trabajadora.
Nos encontramos
ante la paradoja de que
el gran logro social que
ha supuesto el prolongamiento
de la esperanza
de vida y la mejora
de las condiciones de vida durante el período de jubilación se
plantee ahora como una situación que es insostenible socialmente.
Se está construyendo la imagen de que un sistema de
Seguridad Social digno es una amenaza para el conjunto de la
sociedad; se transmite que es inviable que todas las personas
mayores de 65 años puedan gozar de unas pensiones dignas en
el futuro y, por ello, tendrán que dotarse de un seguro privado
propio; los fondos de pensiones
Esto supone un ataque a uno de los elementos más potentes,
desde el punto de vista social, que conlleva el sistema de la Seguridad
Social: en el sistema de la Seguridad Social se encuentra
implícita la idea de que los riesgos son compartidos socialmente,
la incertidumbre ante el futuro se vive como parte de un sistema
colectivo de solidaridad que también es intergeneracional.
Los seguros privados no sólo descapitalizan el sistema de Seguridad
Social económicamente, sino también, y fundamentalmente,
en lo ideológico. «La solidaridad colectiva e intergeneracional
no vale, no es útil, sálvate por ti mismo», es el mensaje.
El gran logro social de la longevidad se manipula para crear
amenaza, dominación ideológica y más dualidad social. Y así,
mientras una parte de este colectivo es objeto de deseo por parte
de las iniciativas empresariales que los han detectado como
un sector potencial de gasto importante, el otro 50% de las personas
jubiladas y pensionistas viven en situación de pobreza o
en riesgo de la misma.
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